La Delegada del Gobierno en la Comunidad
de Madrid, Cristina Cifuentes, ha asegurado en una entrevista en la Cadena COPE
que “va iniciar un expediente sancionador hasta el máximo que permita la ley”
contra los coordinadores de las marchas de la dignidad. Con este mecanismo
quiere responsabilizarles de actos acaecidos tanto durante las marchas como los
incidentes tras la manifestación del sábado.
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| Momento de la manifestación del 22M en la plaza Colón |
En esa misma entrevista,
Cifuentes ha asegurado que “se va a iniciar un proceso sancionador contra la
marcha de la manifestación, porque dice que son los propios organizadores de
manifestaciones los que deben de garantizar y responsabilizarse del buen orden
y del discurrir de la misma”. Un coordinador estatal de la marcha ha asegurado
para Periodistas 22M que “había un servicio de orden identificado
claramente con petos y chapas así como la colaboración de bomberos que
estuvieron en todo momento protegiendo y asegurando un buen transcurso de la
manifestación”. Y así fue. Tras más de dos kilómetros por los que discurrieron
los manifestantes y las casi cuatro horas que duró la manifestación “el
servicio de orden fue impecable”.
Este coordinador tiene claro que
la decisión de abrirles expediente tiene claras connotaciones políticas. “Haciendo
este tipo de cosas, las reivindicaciones quedan en segundo plano y desvían la
atención para que no se hable del paro, del pago de la deuda, de las familias
empobrecidas y de que con este sistema no vamos a ningún sitio” ha continuado.
Expedientes por acciones
pacíficas
Además la Subdelegada del Gobierno
pretende abrir expedientes a varias columnas por incidentes ocurridos en los días
previos a la llegada a Madrid. Les acusa de provocar “alteraciones e incidentes
del orden público importantes” según ha anunciado en la Cope Cristina Cifuentes.
Según ha informado Europa Press estos incidentes se produjeron en trayectos de
tres columnas diferentes. A una de ellas, la del Mediterráneo le acusan de
asaltar una sede del Partido Popular en Perales de Tajuña y una sucursal
bancaria en Arganda. “Se hicieron reivindicaciones sociales, como una acción política
y de forma pacífica para señalar a los causantes de la crisis” ha afirmado un
coordinador de esta columna. Por ello considera que se está haciendo un claro
ejercicio de castigo y desprestigio al movimiento social.
Las infracciones a las otras dos
columnas, la del sur y la del oeste la argumentan en base a desobediencia
a las indicaciones de la Guardia Civil, el incumplimiento del itinerario previsto e infracción
de la normativa de seguridad vial por los vehículos participantes. “Todo esto son mecanismos que buscan
para echarnos la mano encima como sea.
“Tienen miedo a que este movimiento, que ha nacido de la base, tan plural y que
ha unido a tanta gente crezca y continúe” ha añadido a sus argumentos para
explicar el motivo por el que intentan criminalizar el movimiento ciudadano.
Propuestas para continuar la
lucha
"Queremos hablar de los
servicios públicos, de la igualdad de hombres y mujeres, de los derechos
recortados" ha asegurado el coordinador estatal que nos ha atendido para
enfatizar la importancia de seguir hablando de los problemas que han hecho que
cientos de personas hayan llegado hasta madrid andando para reclamar derechos
básicos y fundamentales y luchar contra el desprestigio de la movilización. Según fuentes presentes en la asamblea celebrada ayer
se propusieron diversas iniciativas. Entre ellas la de continuar
las acciones de forma descentralizada en cada territorio. Habrá también una
reunión proximanente para determinar si se celebra una acción descentralizada
alrededor del 1º de mayo. También actividades en junio vinculadas a las
elecciones europeas.
Destaca la voluntad de extender
este movimiento transversal con la descentralización a los territorios y
participación de la gente de los barrios y las asociaciones.
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